Mareros y extorsionadores serán acusados de terrorismo

La Laprensa

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno, que ha mantenido una batalla abierta contra organizaciones criminales, ahora busca que el Congreso Nacional apruebe un paquete de reformas jurídicas que podrían acabar con las estructuras de extorsionadores en todo el país.

El Ejecutivo espera que el Legislativo le incorpore nuevos elementos a artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales, Ley de Inteligencia Nacional, Ley Especial Sobre Intervenciones de las comunicaciones Privadas y Ley del Instituto Nacional Penitenciario, que servirían para frenar el surgimiento de bandas extorsivas y neutralizar las existentes.

50Años de prisiónEl actual Código Penal castiga con una reclusión de entre 40 y 50 años a quien cometa el delito de terrorismo.

Para el caso, si el Gobierno logra que el Congreso reforme el 222 del Código Penal, un individuo incurriría en el delito de extorsión con el simple hecho de exigirle dinero bajo amenaza a una persona.

Los extorsionadores, que en su mayoría integran pandillas, utilizan teléfonos celulares y redes sociales para infundir miedo y exigir dinero.

Por ahora, un sujeto comete el delito de extorsión hasta que consuma el acto, es decir, hasta que recibe el dinero u otro bien de la víctima.

El actual artículo 222 advierte que “comete el delito de extorsión quien, mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a personas naturales o jurídicas a hacer o dejar hacer alguna cosa”.

Además, obligue a “suscribir documentos para obtener pagos de dinero o suscribir, otorgar, entregar y destruir una escritura pública o cualquier documento público o privado”.

El Ejecutivo, al mismo tiempo, le solicita al Legislativo agregarle dos párrafos al 335 del Código Penal con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población.

El Código Penal, que data de 1985, quedó desfasado y limita la comisión del delito de terrorismo a quien intimida a la población u obligan al Gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.

Artículo 27Explica sobre las transcripciones de mensajes que deben dar las empresas de telefonía, según la Ley de IntervencionesEl año anterior, miembros de maras, que se dedican a la extorsión, incendiaron autobuses, camiones y otros vehículos con la intención de sembrar el terror en la sociedad y, luego, obtener un beneficio económico a través de la violencia.

Las reformas a los artículos 222 y 335 son apenas el ápice de un conjunto de enmiendas que el Ejecutivo pretende que el Congreso apruebe en los próximos días para iniciar una nueva ofensiva contra esas organizaciones.

Según Antonio Rivera Callejas, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, funcionarios de la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad celebraron una reunión con algunos parlamentarios en la Casa Presidencial para abordar el contenido del paquete de reformas.

A juicio de Rivera Callejas, en estos días “hay que hacer dos cosas: aprobar (las reformas) en el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia a mediados de 2018, pero entonces, para no quedar tanto tiempo sin un aspecto legal, también hay que admitirlas en el instrumento actual y entren en vigencia de inmediato”.

El directivo no descarta que ciertos partidos políticos por su ideología van a alegar derechos humanos, manteniendo la expectativa de que se lograrán acuerdos para poder aprobar las modificaciones la próxima semana.

En un comunicado de prensa, el Gobierno dice que las reformas planteadas tienen como objeto una “lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad”.

Sin embargo, las fuerzas políticas de oposición, como el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (PAC) observan con recelo y suspicacia la propuesta del Ejecutivo porque, según ellos, bajo el argumento de atacar a los extorsionadores, busca legalizar el espionaje contra todos los ciudadanos.

Artículo 41Explica sobre el historial de llamadas entrantes y salientes que deben dar las telefónicas, según la Ley de IntervencionesEl Gobierno le propone al Congreso “adicionar un párrafo al artículo 29 de la Ley de Inteligencia Nacional y reformar los artículos 27, 33 y 41 de la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas para promover un marco y que las compañías de telefonía puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley”.

Para Rasel Tomé, diputado de Libre, esa reforma “viola los derechos fundamentales.

Con ella, acusarán a alguien de terrorismo por intervención de llamadas telefónicas, utilizando la demagogia”.

Tomé expresó que Libre apoya cualquier iniciativa contra el delito, pero no reformas que deterioren las garantías.

Desde 2011, el Estado, por razones de seguridad nacional y para combatir a estructuras criminales, practica el espionaje legal, en otras palabras, la intervención de las comunicaciones por autorización de un juez.

El espionaje legal es ejecutado por la Unidad de Intervención de Comunicaciones (UIC), dependencia de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creada en 2011.

Walter Banegas, diputado del PAC, apoyará las reformas siempre y cuando no violenten los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

“Ya existe en el país las disposiciones legales contra este delito.

El Gobierno debe tener una policía técnica y científica que investigue e individualice y envíe a la Fiscalía el caso para que esta lo lleve al Poder Judicial y logre una pena ejemplar.

Ha habido quemas de autobuses y no vemos imputados.

Se dan esos actos delictivos porque no funcionan los eslabones de justicia y porque no se han atacado las causas, como la desigualdad social, la pobreza y la falta de un Estado de Derecho”, dijo Banegas.

PAC sostendrá una reunión para realizar un análisis de la petición del Ejecutivo y llegar a una conclusión que se traduciría en un sí o en un no.

Edwin Pavón, diputado de Unificación Democrática (UD), avalará las reformas si establecen un protocolo que garantice la privacidad de comunicaciones.

“El Gobierno pretende adelantarse y hacer la reforma para frenar ya aquellos actos que se están dando, la quema de taxis y buses, que serían considerados actos de terrorismo, porque la aprobación del nuevo Código Penal tardará varios meses”, dijo.

Pavón difiere de los otros parlamentarios y arguye que “las llamadas se escuchan desde los ochenta”.

El jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas, planteó que “todas estas medidas van encaminadas a endurecer las penas, queriendo darle un tono inquisitivo al Código”.

El también miembro de la comisión dictaminadora del nuevo Código Penal, dijo que antes de dar el respaldo se debe hacer un análisis profundo y medir los alcances.

El diputado nacionalista David Chávez, quien preside la comitiva legislativa de defensa, enfatizó que estas enmiendas son necesarias.

via LaPrensa

http://bit.ly/2hSJZJ6

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